El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la página oficial y sus redes sociales, comunicó la modificación del esquema de evaluación para el ingreso al sistema de residencias. En el comunicado informan que “el actual sistema no contempla las marcadas diferencias entre el sistema educativo argentino y los del exterior, lo que genera una desventaja inaceptable para nuestros médicos formados en suelo argentino”. Para ello se propone “otorgar un adicional de 5 puntos para quienes rindan el Examen Único de Residencias habiéndose formado en el país”.
La medida anunciada por la cartera sanitaria habilita una lectura rápida, superficial y tendenciosa: presenta como beneficiarios a profesionales formados en el país en el contexto de un conflicto salarial y de crecientes demandas al gobierno por el financiamiento del sistema público de salud, al tiempo que posiciona a “lo extranjero” como parte del problema. Ahora bien, detrás de esta medida se esconden al menos dos cuestiones sobre las que vale la pena detenerse: 1) ¿Los cinco puntos adicionales corrigen realmente la supuesta distorsión que, según el gobierno, favorecía a quienes se formaron en el exterior? y 2) ¿Qué nos dice el uso del argumento del orden de mérito sobre las intenciones del gobierno, al instalar una idea de “distorsión” centrada en los extranjeros?
A continuación, vamos a responder la primera pregunta.
Los cinco puntos adicionales y la supuesta distorsión
En base a la información publicada en el Tablero sobre “Caracterización Sociodemográfica de Postulantes que Rindieron el Examen Único”, del Observatorio Federal de Talento Humano en Salud, efectivamente los postulantes que se formaron en instituciones extranjeras, pero también privadas, cuentan con un promedio de la carrera mayor a los postulantes formados en las Universidades Públicas Nacionales. Este dato es clave porque revela una omisión importante: la diferencia más significativa se observa entre universidades extranjeras y privadas (argentinas o no) y nuestras instituciones públicas. Dicho esto, la desventaja actual recae principalmente sobre los egresados de las universidades nacionales.
Sin embargo, en el mismo tablero puede observarse que las notas del examen de quienes se formaron en nuestras universidades nacionales superan por al menos 5 puntos a quienes se formaron en instituciones privadas y en 15 puntos para quienes se formaron en instituciones extranjeras (2024). Analicemos, ahora, cuánto aporta cada factor al puntaje final.
Según lo definido en la Resolución 250/2019 el puntaje final con el cual se genera el ranking de ingreso depende del resultado de la prueba escrita de 100 preguntas del Examen Único (x 0,5) más el promedio de la carrera (P). En decir, el examen representa el 83,33 % y el promedio de la carrera el 16,67 %. Por lo tanto, el examen tiene un peso 5 veces mayor que el promedio. Dicho esto, podemos decir que la afirmación sobre “desventaja inaceptable” es falaz.
En resumen, tanto por el menor peso que tiene el promedio, sumado a la superioridad de la nota de egresados de universidades nacionales, no existe una desventaja real para estudiantes de instituciones argentinas.
En todo caso, si lo que se pretende es valorar el “esfuerzo de nuestros médicos”, y “promover la elección de las residencias”, el gobierno debería fortalecer el financiamiento del sistema universitario nacional y de las residencias desde el Estado, generando condiciones laborales óptimas para seguir garantizando una formación de excelencia.
Orden de mérito
Para responderla la segunda pregunta, nos basamos en la literatura que afirma que en general, los partidos de derecha tienden a rechazar o expulsar a los extranjeros como parte de una estrategia política que busca reforzar una identidad nacional homogénea y apelar al miedo o la inseguridad percibida por ciertos sectores de la población. Este enfoque se nutre tanto de factores económicos como de la competencia por empleos o recursos públicos. En escenarios marcados por la crisis o el malestar social, estas dinámicas desvían la atención de conflictos estructurales. Lo paradójico del caso es que estamos ante un gobierno que, por un lado, adopta posturas que aparentan proteger a los profesionales argentinos frente a una supuesta amenaza extranjera —articulando discursos xenófobos, medidas discriminatorias y estrategias para desalentar la inmigración, incluso la de profesionales de la salud— y, por otro, implementa políticas públicas orientadas al vaciamiento y la desfinanciación del sistema educativo, sanitario y del Estado nacional en su conjunto.
Finalmente, si en realidad se pretende asegurar que quienes se formaron en el país continúen el camino de la residencia, no deben hacer más que dar lugar a los reclamos de las y los residentes, que, como hemos visto con el caso Garrahan o del Hospital Bonaparte, desoyen sistemáticamente.
Que una parte importante del sistema de atención esté conformada por profesionales de distintas nacionalidades y trayectorias formativas no constituye, en sí mismo, un problema. Más bien, se trata de un dato que invita a formular preguntas clave: ¿qué capacidad tienen las instituciones formadoras para perfilar preferencias? ¿Qué condiciones laborales están dispuestas a aceptar algunas personas y otras no? ¿Qué espacios resultan competitivos y cuáles no? ¿Valoramos realmente las competencias que brindan nuestras universidades? Y en última instancia: ¿Está el sistema de salud en condiciones de aspirar a diferencias académicas y reconocerlas adecuadamente? De las respuestas a estos interrogantes podrían surgir políticas públicas orientadas a garantizar un lugar para todos los profesionales en nuestro sistema de salud.
No sea cosa que inclinar la cancha en contra de residentes extranjeros derive en otra forma (una más) de despoblar nuestros hospitales públicos, como medida para justificar su desmantelamiento y más privatización, o estimular la oferta de trabajadores disponibles para instituciones que mantienen políticas de flexibilización laboral.
Si queremos revertir las tendencias sobre la falta de elección a las residencias, las propuestas deben ser serias, reales e informadas, con participación de un Ministerio de Salud presente, y no en retirada, construidas por todos los actores que hoy participan en la formación de profesionales de la salud en nuestro país, incluyendo en particular a los y las residentes.
