Respecto de lo ocurrido en torno a la detención de Cristina Fernández de Kirchner se pueden decir muchas cosas, pero nunca perder de vista que se trata de un hecho arbitrario.

La expresidenta, no obstante, hizo lo que debía hacer: “ajustarse a derecho”, que no quiere decir que ella esté de acuerdo con el fallo.

Cristina fue juzgada por medio de mecanismos llenos de imperfecciones, arbitrariedades y por jueces que, como mínimo, están bajo sospecha por su claro vínculo con ciertos sectores del poder, que querían desde hace mucho tiempo sacarla del juego.

En parte es un castigo hacia su persona por lo hecho durante 12 años de gobiernos kirchneristas –y un mensaje con tono aleccionador para el resto–. En aquellas gestiones se llevaron a cabo medidas esenciales, como la implementación de la AUH, la cancelación de la deuda total con el FMI, y la estatización de empresas y de los fondos previsionales, que antes de ser privatizados en los noventa estaban bajo gestión estatal, una secuencia histórica que hay que ver completa, aunque se la intente recortar.

Con la mirada hacia adelante, fue la propia Cristina quien dijo, respecto de la proscripción: “¿saben por qué no me dejan competir? Porque saben que pierden (…). El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae y por eso es que estoy presa”. Y completó el concepto afirmando: “se cae no sólo porque es injusto e inequitativo, sino fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogur y no es nuevo, ya lo vimos con Martínez de Hoz en el ’76 y con Cavallo en los ’90”.

La movilización del miércoles fue muy importante desde todo punto de vista. Principalmente participaron los distintos sectores que componen el espacio del que formo parte y todo el tiempo sobrevoló la idea de la búsqueda de unidad. Desde luego habrá controversias y se tendrá que encontrar la manera de resolverlas. Pero me animo a predecir que tanto en septiembre como en octubre de este año nuestro espacio irá unido y se encontrará la forma de que los contenidos programáticos estén bien representados.

La masiva movilización trasciende el apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: fue también un acto en defensa de la democracia. Más allá de las banderas políticas, de las simpatías y las antipatías, se trata de salir en defensa de un Estado de derecho, donde la división de poderes funcione y donde uno de ellos, el Judicial, dé las garantías de imparcialidad y objetividad que hoy no se observan.

Estamos hablando de una Corte Suprema compuesta por sólo tres miembros, cuando son poquísimos los casos en el mundo donde tienen menos de nueve. Eso de por sí ya es descalificador. Se necesita un Poder Judicial independiente, verdaderamente justo.

De la misma forma, se precisa un Parlamento que sea respetado y no maltratado; que no sea considerado un lugar formal, que no pueda ser salteado recurriendo al uso del decreto para gobernar o al veto de las leyes, cuando las mismas no son del agrado del oficialismo. No hay ningún poder del Estado más democrático que el Legislativo, porque ahí están todos los territorios, los sectores sociales, los distintos partidos políticos, y demás representaciones de la sociedad.

Todo esto forma parte de la batalla cultural y de la disputa por los modelos.

Postales del ajuste fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó en un tuit reciente que “la consolidación del equilibrio fiscal ha permitido la baja o eliminación de impuestos por el equivalente a más de 2 puntos del PIB, como el Impuesto PAIS en diciembre de 2024, los derechos de exportación para economías regionales y la baja transitoria para exportadores que cumplan con el plazo establecido para la liquidación de divisas”.

Conocidos los últimos datos de mayo, resulta útil sopesar lo ocurrido en los cinco primeros meses del año contra el mismo lapso de 2023, evitando la comparación con una etapa (enero a mayo de 2024) en la que el gasto público mermó fuertemente. Los datos indican que los ingresos fiscales cayeron un 4,9% en términos reales, mientras que los gastos primarios (antes de intereses) se redujeron en un 27,6%, una clara muestra del ajuste producido.

Casi todos los gastos mostraron fuertes caídas, como los de Capital (-83%), los subsidios económicos (-67%, reducción que impacta en el aumento de las tarifas de los servicios públicos) y las jubilaciones y pensiones contributivas (-10,4%), al igual que otras prestaciones sociales (excluida AUH) con una merma del 24%. Se redujeron también las transferencias corrientes a provincias (-43%) y a universidades (-19%), entre otros ítems.

Se evidenció un importante aumento de la AUH del 57%, que desde el gobierno lo resaltan como si hubiesen destinado fortunas a esta prestación. Pero si analizamos los volúmenes de gastos, veremos que no es así. Considerando las erogaciones sin el efecto inflacionario, durante los primeros cinco meses de 2025 comparados con igual período de 2023, el dinero destinado a la AUH se incrementó en $0,9 billones, mientras que para otros programas sociales (excluyendo AUH) se redujo en $ 3,1 billones. Es decir, salvo la AUH, hubo un fortísimo recorte en el resto de las Prestaciones Sociales que no son jubilaciones y pensiones contributivas (que, como ya se expresó, también se achicaron).

El desfinanciamiento del Estado que festeja el ministro conlleva, sin dudas, una aguda reducción en el gasto público. En clave distributiva hay entonces una reducción de impuestos hacia los sectores de mayores recursos con cargo a los sectores de menores recursos.

Una cuestión no menor para tener en cuenta es que el resultado positivo de las cuentas públicas también se viene consiguiendo por vía de la “contabilidad creativa”. Como he venido comentando últimamente, por medio de la colocación de deuda en pesos capitalizable se logra que los intereses no pasen por la cuenta de resultados del Tesoro. Ya ocurrió en 2024, cuando producto de las licitaciones de esta deuda (realizadas entre abril y diciembre) se “ocultaron” unos $ 14 billones de intereses. Una correcta contabilización hubiera llevado a las cuentas públicas al terreno del déficit.

Transcurridos apenas los cuatro primeros meses de este año estos “intereses capitalizados” alcanzaron $ 17,3 billones, por lo que la cifra de todo 2024 ya se ha superado; un valor que se engrosará aún más a la luz de los últimos anuncios, que contemplan la emisión de grandes cantidades de deuda de este tipo. Analicémoslo respecto a los superávits fiscales de los primeros cuatro meses de 2025, que arrojaron unos $ 6,9 billones de superávit primario, y $ 2,5 billones de superávit financiero (incluidos los intereses). Si estos rendimientos capitalizados se hubieran contabilizado como intereses, se habría producido un fuerte déficit financiero.

A esta “contabilidad creativa”, al igual que ocurre con el resto de la deuda en la que incurre la actual administración, habrá que hacerle frente más adelante. Ante ello, resulta fundamental que la ciudadanía les ponga un límite claro a las políticas de este gobierno, para que no pueda seguir recortando derechos.