La alta inflación atenta contra el poder de compra de las personas, más aún de alimentos y en particular en la población con menores recursos. Pero si el índice de precios de la canasta básica se modera en la estadística y no en los comercios, mientras que la mayoría de los trabajadores pierden poder adquisitivo por el congelamiento de sus ingresos, la situación no solo no mejora, sino que tiende a empeorar.

Sobre esa base, mientras la actividad empieza a recuperarse y el consumo de la cumbre de la pirámide medido por ventas de propiedades, vehículos, electrodomésticos y viajes al exterior acelera, el resto, es decir la mayoría, que abarca desde los sectores con ingresos medios a bajos, y ni que hablar de los trabajadores independientes, informales, monotributistas, emprendedores, jubilados y pensionados, elude el derecho a morirse de hambre planteado por el presidente y estira su esfuerzo para pagar todas las cuentas.

Si no fuera por la continuación de dos políticas públicas básicas como la Asignación Universal por Hijo/a y la Tarjeta Alimentar, casi las únicas heredadas que decidió continuar, la realidad sería peor y más visible en todo el país. Sin embargo, el recorte de los fondos que les corresponden a las provincias y el restringir la provisión a los comedores y merenderos profundizó las carencias nutricionales en un amplio espectro de las barriadas populares más necesitadas.

La asistencia alimentaria, más allá de algunos desvíos auditables y condenables en su implementación, que funcionaron para el actual Gobierno nacional más como una excusa para desfinanciar programas nacionales que como condenas a la corrupción y el clientelismo, no solo atenta contra un derecho humano primordial, sino que impide que el Estado ejerza una obligación que tiene como tal, según el artículo 75, incisos 22 y 42 de la Constitución Nacional.

En este escenario de restricciones y retrocesos, y más allá de cómo se lean las estadísticas de pobreza e indigencia, los gobiernos provinciales tienen el desafío y la responsabilidad de garantizar que sus ciudadanos tengan acceso a una serie de alimentos básicos, saludables y a un precio razonable. Y una forma coherente de lograrlo es acercar a los productores y los consumidores de forma lo más directa posible, con la implementación de mercados y ferias de productos frescos y secos distribuidos en el territorio de manera que el acceso sea próximo y casi sin costos de traslados para ambas partes.

Una política pública alimentaria

En la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, con amplias zonas con emergencia alimentaria y vulnerabilidad, está no es una estrategia nueva, aunque en los últimos años, y más aún desde el cambio de Gobierno nacional, el gobernador Axel Kicillof y su equipo tuvieron que redoblar los esfuerzos. No sólo para sostener a los ya castigados productores locales por razones climáticas y económicas, sino para acompañar a las familias con dificultades para acceder al derecho a la alimentación.

A través del Ministerio de Desarrollo Agrario, que encabeza el economista Javier Rodríguez, el programa Mercados Bonaerenses se capilariza en 117 distritos, con ferias y mercados que acercan a la oferta y la demanda con carnes, lácteos, verduras, hortalizas, legumbres, cereales y elaborados, con la posibilidad de obtener descuentos de hasta el 40%, como los otorgados por la Cuenta DNI y la billetera virtual del Banco Provincia.

Así se hace en 10 mercados fijos: Bahía Blanca, Ensenada, Florencio Varela, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Luján, Marcos Paz, Morón y Tapalqué, los mercados concentradores mayoristas de Coronel Suárez y Pehuajó, en más de 600 ferias itinerantes mensuales y en los puestos que participan de las fiestas populares que se realizan en las distintas localidades.

Entre los objetivos de ese plan provincial se cuenta promover nuevos canales de comercialización, garantizar el acceso a una oferta variada de alimentos de producción local y crear una red de productores/as a nivel local, regional y provincial. Por el lado de los beneficios se ofrece una canasta variada y segura de alimentos para los compradores y capacitaciones, financiamiento, habilitaciones e inclusión financiera para los productores.

No es ninguna novedad que los pequeños campesinos, ganaderos, huerteros y pymes elaboradoras reciben una parte minoritaria del precio que pagan los consumidores en los grandes centros de consumo, como supermercados y comercios barriales. El encarecimiento de los productos al final de la cadena no sólo se da por los costos logísticos, también tienen gran incidencia los costos del retail, pero sobre todo los márgenes de ganancia pretendidos por las grandes alimenticias y las cadenas de venta minoristas.

En la actualidad, más de 2.000 productores se acercan a los compradores sin intermediarios a través del programa Alimentos Bonaerenses, que promueve el desarrollo productivo de cada una de las actividades agropecuarias y de la pesca mediante el impulso a la producción de alimentos, pero pueden sumarse más. De hecho, por estos días se lanzó la Tercera Convocatoria a Proyectos para el Fortalecimiento de la Comercialización en Mercados Bonaerenses, que tiene un pliego de bases y condiciones en la web, y fecha de cierre el viernes 27 de junio.

Asistencia financiera a productores

El objetivo es fortalecer experiencias de producción, comercialización y abastecimiento local de agroalimentos con participación activa en el programa Mercados Bonaerenses, a través de la formalización y capacitación de productores, comercializadores y municipios para crear, ampliar y fortalecer mercados y ferias de alimentos fijas o itinerantes. Y para la primera quincena de julio se espera la inauguración de un nuevo mercado fijo en La Plata, instalado en el predio del remodelado y ampliado mercado regional de la avenida 520.

Hay dos líneas de asistencia financiera: la individual, para productores y/o feriantes con un máximo a subsidiar de $2.300.000 y la colectiva o con alcance regional, destinada a ferias, mercados mayoristas frutihortícolas, municipios, universidades, tiendas móviles y nodos de comercialización, con un tope por proyecto de $23.000.000. La finalidad de los aportes otorgados es la generación de nuevas y mejores condiciones de infraestructura, equipamiento e imagen para la comercialización de alimentos producidos en el ámbito provincial.

El programa Mercados Bonaerenses nació dentro del Plan Nacional Integral “Argentina contra el hambre”, creado como política de Estado por el anterior Gobierno nacional en 2020, que buscaba garantizar la seguridad alimentaria de todas las familias poniendo especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad social y económica, y estaba relacionado con la alimentación saludable, la nutrición y la Tarjeta Alimentar.

Con el correr de los años, y en articulación con los municipios que ya venían realizando ferias con el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, se fue trabajando para ampliar la oferta de productos, mejorar su infraestructura y su estrategia promocional. Con el objetivo de reducir la intermediación y promover los circuitos cortos de comercialización, se avanzó hacia la conformación y consolidación de espacios que permitan un funcionamiento continuo, independiente de variables climáticas y con una mayor oferta de productos que refuercen la producción y el consumo.

Mediante la puesta en funcionamiento de mercados fijos de alimentos bonaerenses en puntos estratégicos fue posible la integración de productores locales al mercado, el fortalecimiento de la producción, el consumo local en condiciones justas de comercialización y aumentar la oferta a precios muy accesibles.